“¿Entre la Justicia y la Paz?”. Examen crítico de las ‘políticas de la memoria’ en el marco del conflicto armado en Colombia.
Introducción
De acuerdo con la pregunta que encabeza el título del presente trabajo, trataremos de sugerir algunos interrogantes que se nos avienen a la hora de estudiar la formulación de una “política de la memoria”, diseñada por el Estado colombiano, de cara al problema del conflicto armado que llevó a la promulgación de la ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”. A dicha ley prestaremos bastante atención porque su análisis nos llevará a plantearnos importantes preguntas sobre los aspectos centrales que constituyen la escritura de la memoria surgida al interior de un conflicto político. De ahí que nos interese interrogar también, con referencia a este caso, la relación entre historia y memoria.
En principio empezaremos por destacar tres problemas claves, concomitantes al campo teórico de los estudios sociales de la memoria: El primero atañe a la relación entre la Historia como disciplina social y la Memoria como “objeto y función práctica de la historia”[1], lo cual nos abre un espacio de análisis propiamente epistemológico que no reduce la memoria a mero epifenómeno de la historia, sino que en su lugar nos obligará a comprender la naturaleza de cada entidad y la capacidad de construir conocimiento disciplinar en interacción o por separado. El segundo problema apunta a la dimensión ética implícita en la función pública de la historia, tal como en su momento lo advirtiera J. Habermas tras su incursión en la “disputa de los historiadores” a mediados de la década de los 80 y a propósito del dilema que concitara en la esfera pública, el problema del “pasado alemán”[2]. Por último trataremos de interrogar desde un enfoque múltiple, el papel de la memoria colectiva al interior de las esferas, política, social y económica, transversales al conflicto armado en Colombia que, en consecuencia, nos llevará a examinar el terreno metodológico utilizado en el ámbito académico al servicio político-institucional del país. El uso que se da a la justicia y la paz dentro de los contornos de una guerra que no cesa y el papel de la modalidad transicional de la justicia en Colombia serán, con mucho, elementos nodales de reflexión en torno al tema.
Con base en la estructura de análisis expuesta arriba nos propondremos plantear, desde los problemas epistemológico, ético y metodológico, cada una de las incógnitas que suscita la relación entre historia y memoria dentro del fenómeno del conflicto armado, particularmente en cuestión de formulación de políticas públicas donde la memoria colectiva encabeza el ‘deber ser’ de una sociedad en proceso de reconciliación con su pasado. Como es lógico, conforme avancemos en la exploración del tema general, iremos advirtiendo múltiples cuestiones aún irresueltas entre las que sobresale el carácter crítico de la comunicación que se tiende entre la academia y la institución pública encargada de generar políticas atinentes a la recuperación de la memoria colectiva del conflicto y la ‘distancia’ que posibilita dicha comunicación.
Para apoyar estos problemas sobre un asidero empírico nos referiremos, en un tercer acápite del trabajo, a dos textos elaborados bajo las recomendaciones de la comisión encargada de estudiar el impacto de la Ley de Justicia y Paz: La CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación). Antes de su extinción bajo el mandato del actual presidente, Juan Manuel Santos, la CNRR fue designada por el gobierno inmediatamente anterior a éste, para articular a través de su estructura de organización mixta, todos los compromisos relacionados con la Ley 975 de 2005. Para su consecución, se encargó a una de las áreas constitutivas de la Comisión, el levantamiento de los hechos inherentes al conflicto en los que imperaba como “razón de memoria” la violación de los derechos humanos en todas sus expresiones, y de allí la localización de las esferas sociales donde predominaba la injusticia que se pretendía corregir, a instancias de la implementación de elementos jurídicos novedosos que permitieron la desmovilización y desarme de grupos ilegales, y que a su vez pretendían preparar el terreno para la reconciliación nacional y la reparación integral de las víctimas de la violencia. El área a la que nos referimos se llamó, “Grupo de Memoria Histórica”[3] y en ella convergieron por designación, varios intelectuales destacados por su amplio conocimiento y trayectoria investigativa en temas afines a la violencia estructural de la nación, a lo largo de su historia.
El trabajo encomendado por la CNRR al área o grupo de memoria histórica gravitaba en torno a la reconstrucción de la memoria de acuerdo con los dictámenes de la ley, específicamente el capítulo X correspondiente a la conservación de archivos y el deber de memoria. En este marco se elaboraron entre 2008 y 2011 un paquete de informes que daban cuenta del recrudecimiento de la violencia durante la década de los 90 de manera simultánea al robustecimiento del aparato militar de grupos armados ilegales, tanto aquellos provenientes de las guerrillas de izquierda como de los grupos paramilitares de ultraderecha dispersos en todo el territorio nacional.
Es desde este punto concreto que intentaremos desplegar los tópicos más relevantes a nuestro tema, es decir, desde una mirada a dos de aquellas producciones escritas por el grupo, cuyos objetivos en clave de “deber de memoria”, nos servirán para contrastarlos con el último de los problemas que encararemos, es decir, el metodológico: Se trata de dos textos publicados en 2009, el primero titulado “Memorias en tiempo de guerra” que recorre un “repertorio de iniciativas de memoria” dando cuenta del desarrollo de aplicaciones prácticas de unas “políticas de la memoria”, a través de un banco de iniciativas que a la sazón se constituye en la herramienta conceptual imprescindible al trabajo de reconstrucción y elaboración de aquellas memorias ancladas y eclipsadas en “tiempo de guerra”. El segundo texto se piensa como complemento del anterior. Presentado en forma de anexo, contiene un inventario de acciones de facilitación de procesos terapéuticos con las víctimas y de recolección de información testimonial en función de constatar los derroteros contenidos en la Ley, basados en la reparación a las víctimas y la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto.
En resumen, a lo largo de este trabajo intentaremos cruzar varios interrogantes que arroja la teoría de los estudios sociales de la memoria, tomando como base una reflexión sobre la Ley de justicia y Paz, en tanto “política pública”, y en aras de plantear cuestiones relativas al estatuto disciplinar de la historia y la memoria y la función pública de la historia en la construcción de políticas de memoria. A continuación nos serviremos de dos textos que resumen un recetario de políticas de memoria, implementadas a través de dicha ley de gobierno y bajo el cuidado de un grupo de académicos especializados en el conflicto político colombiano, a fin de calibrar el método utilizado para la dilucidación de la memoria histórica social, política y económica de los colectivos, y en donde se vislumbra el papel de la justicia y la paz en semejante construcción. Será de gran satisfacción que los interrogantes que se desprenden de este trabajo pudieran servir de punto de referencia para reflexionar sobre la coyuntura actual, quizá como marco propositivo a instancias del inicio de un proceso de paz con las FARC en Colombia, a realizarse a partir septiembre de 2012.
- 1. “Ley de Justicia y Paz”. En pos del “deber de memoria”
Hacer una operación descriptiva de los antecedentes de la Ley de Justicia y Paz en Colombia suscitaría un trabajo tan ingente como re-escribir la historia del país en las últimas dos décadas. No obstante una aproximación a la ley misma nos conduce al menos, a prefigurar la función histórica del conflicto político en la formación de la memoria social colombiana. Se trata de una ley bastante controversial que no dejó de provocar fuertes polémicas durante el tiempo de su implementación, así como a lo largo de su propia aplicación. Figuras jurídicas como la de “alternatividad penal””[4]despertaron serias reservas en un importante sector de la sociedad, especialmente entre los organismos que fungían como defensores y representantes de las víctimas.
En su momento semejante disposición, inserta en una ley nacional, fue leída como prueba irrefutable del comienzo de un proceso que afectaría los objetivos de justicia reclamados por estos actores civiles, quienes consideraron prueba de impunidad la aplicación de dichos recursos jurídicos por medio de los cuales se puso en marcha el programa de desmovilización, mayoritariamente orientado a reinsertar individuos pertenecientes a las organizaciones armadas paramilitares. Sin adentrarnos con demasiado espesor en la historia de la violencia en Colombia, bástenos decir que la Ley de Justicia y Paz se puede considerar como la apuesta del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) para resolver el problema del conflicto, pero también como una contra-apuesta al proceso que la antecede, es decir, el proceso de diálogos de paz que llevó a cabo el presidente anterior con la guerrilla las FARC, entre 1998 y 2001, cuyos resultados terminaron siendo desastrosos para el país[5]; podríamos decir incluso que contribuyeron al ascenso a la presidencia de Álvaro Uribe, cuyo discurso estaba apoyado por un programa de confrontación militar, incluido en el “Plan patriota”, que tenía como fin el exterminio total de la organización guerrillera.
Si bien, aunque esta ley nació como resultado de múltiples enmiendas a las leyes anteriores, las “operaciones jurídicas” efectuadas, dejaban entrever aspectos discutibles al sentido intrínseco de la normatividad que pretendió modelar el escenario de reparación y reconciliación. Un ejemplo de ello fue el hecho de privilegiar la celeridad en los procesos bajo la figura de juicios orales, en cuyo contexto se desprendieron un cúmulo de circunstancias desfavorables a las víctimas, habida cuenta del rasgo peculiar del proceso colombiano, en el que las organizaciones criminales nunca han terminado de desarmarse. A la par, se produjo, por efecto de los acuerdos, un proceso de reconstrucción de la memoria en función de la no repetición de hechos violentos, bajo la consigna del “Nunca Más”. No obstante, el problema, visto desde el presente, acusa mayores complejidades: Una de ellas reside en que el fenómeno de la violencia, con las consiguientes masacres, torturas y desapariciones de sus víctimas no ha tenido en el curso de su historia un agente visible: No ha sido ni asociado completamente al aparato de Estado, ni a los grupos que ejercen el monopolio de la fuerza de modo ilegítimo. Tanto mejor: El Estado, aunque se encuentra tácitamente en la cuerda de tensión de la violencia, a la vez ha actuado como componedor frente a los actores armados extraoficiales, ejerciendo así, un tipo de acción dicotómica que va de una violencia, si se quiere, ‘refractada’, al papel de reconciliador. Como complemento de esta complejidad, coexiste el problema de orden público en el cual la sociedad afectada no ha experimentado una transición reparadora que fuera consecuencia de un potencial “fin del conflicto”, con lo cual, las disposiciones jurídicas apelan excepcionalmente a procesos reparadores con base en posibles “amnistías” con los grupos armados. Estas dos complejidades forman las dos hojas de una tijera que corta en dos el escenario hipotético de la reconstrucción de la memoria, primero porque cualquier proceso reparador entre víctimas y victimarios pasa por el miedo de la víctima a retaliaciones, ya que aquellos victimarios las más de las veces siguen siendo considerados agentes activos de la violencia -que ahora ejercen los nuevos jefes de sus grupos en las regiones vulnerables al conflicto-, y segundo porque esta persistencia del conflicto ha impedido elaboraciones, ya sean terapéuticas y de perdón y olvido, en las que tuviera incidencia clara la elaboración de políticas públicas oportunas para tales fines, dado el papel dicotómico que juega el Estado, tal como lo anotamos. A su turno, el carácter transicional de la justicia aplicada al problema, nos remite a un primer interrogante relacionado con el rol de la justicia en dicho contexto: ¿cómo evaluar un escenario de esta magnitud en clave de políticas de memoria, alrededor de un conflicto latente, donde quien dispone de dichas políticas se encuentra inmiscuido –tácitamente- como agente de violencia extra-institucional? Tal escenario nos pone en la encrucijada del “sentido” de la justicia en tanto principio universal y homogéneo a manos del Estado; sumemos a ello un elemento que todavía espesa más el fenómeno y que reside en el problema del carácter irreconciliable que la cultura política colombiana ha prohijado durante su formación histórica, donde se hace notorio el nivel de polarización que ha conllevado a la perpetuidad del conflicto[6].
¿Cómo estudiar entonces, desde la construcción de la “memoria viva” (esa que para Halbwachs correspondía a la “memoria colectiva”), este panorama cargado de tantas complejidades? ¿Podemos aludir a la reconstrucción de la “memoria histórica” en un escenario con estos rasgos?
Siguiendo uno de los textos mas usados como estribo teórico en la elaboración de informes de organizaciones representantes de víctimas e instituciones académicas en Colombia[7], leemos que la memoria en la medida en que se aborde, bien sea como herramienta teórico-metodológica o como categoría social, varía su estatuto epistémico; es decir, puede entenderse o como un corpus que responde a su condición disciplinar, o como un terreno al interior del cual la construcción del conocimiento intrínseco a la memoria pasa por una contradicción dialéctica condensada en las disputas de los grupos sociales que la salvaguardan. ¿Memoria o memorias? Teniendo en cuenta la segunda acepción, la autora traza, acto seguido, los elementos capitales de “las memorias”: La naturaleza subjetiva de sus procesos internos de configuración con base en experiencias simbólicas y materiales compartidas, el carácter plural de las mismas que las hace sujetos de múltiples disputas entre los actores que intervienen en ellas en función lograr su reconocimiento, y el carácter cambiante que sufren durante el proceso histórico[8].
Tomando en cuenta el uso regular de la memoria como categoría política en el ámbito académico, la idea de revelar las memorias en disputa se articula a la perfección con una mirada esencialmente política de estos estudios[9]. Sin embargo la connotación que cobra una crítica al poder desde la escritura de estas memorias ‘reprimidas’, no configura el espacio de construcción real de la memoria histórica; El capítulo X de la ley, insta a la búsqueda de las causas históricas del conflicto y considera como principal responsable de su preservación al Estado.
Aparte de resultarnos esencial este papel que juega el Estado, asunto que discutiremos mas adelante, tenemos en frente, primero, un problema que desnuda la falta de claridad en la naturaleza del conocimiento de la Memoria en tanto objeto de estudio y que salta a la vista en la definición concedida en el texto de E. Jelin, ya citado: Si atendemos a la disertación filosófica que elabora P. Ricoeur en su libro, habría una distinción estructural entre “memoria” y “recuerdo” donde la memoria constituiría el objetivo de todo acto mnemónico y los recuerdos harían parte de la “cosa pretendida” en dichas operaciones. Lo que para Jelin significa “memorias” pertenecientes a actores confrontados, para Ricoeur, desde el campo fenomenológico corresponde a “recuerdos”, en tanto elementos fragmentarios de una entidad objetal que los reúne, y en cuyo seno, la forma de conocimiento que se construye toma en cuenta el tránsito predominante que va de la memoria al olvido en el terreno ‘intersubjetivo’ de los actores que recuerdan u olvidan; el olvido no se entendería como rasgo disfuncional de un proceso temporal de acumulación ‘vívida’ de recuerdos (“memorias” para Jelin) en el sentido aristotélico que divide mneme y anamnesis[10],sino más bien el elemento encadenante de otra distinción que separa a la Historia de la Memoria, vía el testimonio[11].
Cuando es al Estado a quien corresponde abanderar el “deber de memoria”, aquellos componentes que anudan el(los) recuerdo(s) de los actores que intervienen en una situación de conflicto (recuerdos que modelan una “Memoria” privativa del fenómeno), desembocamos en la dificultad que comporta suponer los términos usados para designar procesos donde, por un lado se dispone de un relato oficial elaborado por las instituciones encargadas de dictaminar las normas jurídicas que defienden estos objetivos, de la mano de las formulaciones que proponen los académicos destinados al respecto, en las que prima una escritura de la historia, cuyos protagonistas son los grandes hombres forjadores del Estado y cuyos “traductores” de aquella “heterología” o discurso sobre el otro (cuerpo social) terminan asumiendo el papel de funcionarios al servicio de los gobernantes y por ende al servicio del poder[12]. Como veremos en el tercer apartado de este trabajo, el problema anteriormente señalado repercute en la metodología de la construcción de la memoria.
El panorama no puede ser mas confuso; La prioridad sobre un aspecto particular de la historia colombiana vinculado al conflicto político, hace parte de un emprendimiento de memoria donde uno de los actores (el Estado) prescribe el “deber” de aunar la memoria del problema (el conflicto armado) a través de la normatividad jurídica, resultante de un momento crítico del conflicto en si. Para ello implementa una serie de disposiciones relativas al procedimiento judicial que busca poner justicia allí donde impera la impunidad a la vez que procura establecer un relato histórico revelador de las dinámicas de la memoria inherentes al relato en cuanto tal. Toda vez que la iniciativa oficial expresada en la Ley se puso en marcha, recibió críticas vertidas de la “opinión pública” no siempre favorables, como ya lo anunciamos. La ley de “justicia y paz” se había parapetado en principio como una Ley similar a la de Punto final en Argentina, con las diferencias ya señaladas para el caso colombiano (no hay “teoría de los dos demonios”, porque el Estado pareciera no haber ejercido violencia, así que no hay necesidad de “justificarla”, como se interpretó en el prólogo del Nunca Más, para el caso argentino). Sin embargo cabe recalcar dos coyunturas a la ley en tanto “catalizador” de la memoria histórica, que complicaron su grado de aceptación pública general: la primera tuvo que ver con la extradición a los Estados Unidos de los principales responsables de la violencia generalizada a través de las masacres que vivió el país en la década de los 90, contando con el problema del rechazo de la guerrilla a acogerse oficialmente al marco de la ley de Justicia y Paz[13]. Las confesiones que implicaban la reconciliación, habida cuenta de las condiciones impuestas por el gobierno a través de la figura de desmovilización, desarme y reparación, se vieron fracturadas por la ausencia de “juicios orales” donde tenían lugar estas confesiones. En últimas, las víctimas no alcanzaron a concebir siquiera de lejos un proceso reparador que estuviera por fuera de los conductos terapéuticos que recomendaba la ley. La segunda coyuntura correspondió al contexto de implementación de la ley, específicamente en cuanto a la creación de la CNRR y tuvo que ver con el hecho de que la creación de ésta comisión partió de un decreto, es decir, no surgió propiamente como resultado de una negociación multilateral (gobierno, sociedad civil, víctimas y organismos de derechos humanos) con veeduría extranjera como en los casos de Guatemala o El Salvador o por la vía de un proceso de transición política como aconteció en Argentina, Uruguay y Chile. La vinculación de asesores extranjeros en los dos primeros casos ejerció una importante cortapisa a las acciones no estipuladas dentro del proceso, mediante una supervisión permanente y a instancias del desarrollo de la ejecución de las investigaciones con la subsiguiente preparación de informes evidenciables sobre las causas y efectos del conflicto al interior de estos países.
No en vano entonces, la bitácora de la reconstrucción de la memoria histórica que recomendaba el gobierno nacional a través de la ley de Justicia y Paz, contó en su comienzo con un radio de alcance bastante sesgado y para ello se valió de una Comisión cuyos integrantes no representaban el total de actores destinados por naturaleza a construir los cimientos de un proceso gradual de recuperación y preservación de la memoria del conflicto. Antes bien, la designación de importantes intelectuales académicos, en su mayoría historiadores, abogados y antropólogos tuvieron la misión, de desbrozar esa manigua enmarañada de silencio e impunidad que se cernía sobre muchas de las regiones del país donde el horror de la violencia practicada por los grupos armados aún se plasmaba en el miedo al testimonio. Semejantes complicaciones harían escollar un “trabajo” de la memoria en los términos de Jelin[14].
Quizá, un aporte al problema consignado arriba residiría en que semejante construcción, a título particular, se nos antoja un proceso testimonial donde el agente activo de los “recuerdos” de la violencia reciente, enmarcados en el devenir de la sociedad civil (afectada directamente o no) debería interactuar con espacios de reflexión-elaboración de la agencia activa que enmarca la Historia del problema sobre el que se busca estructurar la Memoria.
Ahora bien, consideremos el ámbito dual de la Historia y la Memoria con base en algunas formulaciones teóricas: Tenemos que por un lado se entiende de común acuerdo que la relación aceptada mayoritariamente entre historia y memoria conjuga estos campos del conocimiento como elementos separados por el lugar de enunciación; según M. Sturkin la memoria surge como un campo de construcción de los hechos que no transitan por, “las avenidas del discurso histórico formal”, en tanto comportan productos culturales insertos, así mismo, en significados culturales[15]; por su parte J. Olick destaca de los trabajos de P. Novick, P. Hutton, M. Matsuda y J. Legoff , sin soslayar la importante contribución al problema que comienza en el campo académico con el muy aclamado texto de Y. Yerushalmi[16], tres aspectos que van zanjando la relación entre historia y memoria: en primera instancia el predominio de la historiografía como fuente de dominación cultural frente a la emergencia de un relato que contrasta las narrativas dominantes por medio de la memoria a modo de desafío, en nombre de los grupos sociales reprimidos. Como segundo aspecto subraya el ataque posmoderno a los objetivos conceptuales de una historicidad lineal objetiva (P. Novick descuella en este aspecto interrogando “ese noble sueño de la objetividad”) donde priman una serie de intereses sintetizados en la relación entre historia, memoria y poder[17]. Por último, Olick resalta de estos autores un tercer aspecto que localiza la teoría hegemónica como polea de transmisión de un relato basado en el concepto de “clase” alrededor de las “políticas de memoria”, en cuyo seno se impone la resistencia de las “memorias subterráneas” (M. Pollak), el reconocimiento de una “memoria popular” y la instrumentalización del pasado a partir de estos relatos ocultos[18]. Huelga por ende, una agenda de consenso “multilateral” que partiera por definir un escenario ‘inquisitivo’ hacia la manera como se traduce en términos de “políticas” las vivencias constitutivas de la memoria colectiva de todos los actores sociales, tomando en cuenta estas tres características que distinguen la memoria de la historia.
En síntesis y para efectos de nuestra preocupación central, podríamos afirmar que los planteos que hemos derivado del análisis previsto, involucran de suyo, el problema de la relación entre historia y memoria, que depende de un proceso como el que nos ha ocupado, y el problema ético del papel que el historiador y/o académico de las ciencias humanas juega en la construcción de lo que se ha dado en llamar “memoria histórica” en el marco de las iniciativas gubernamentales en Colombia. Independientemente de la validez que pudiera abanderar este binomio controversial en el campo de los estudios sociales de la memoria, convengamos en la definición que ha dado M. Halbwachs del mismo: memoria histórica en tanto en cuanto el “medio” a través del cual tenemos una experiencia -sea directa o indirecta- de su acaecimiento, a diferencia de la historia como tal, con la que no guardamos una relación orgánica directa[19].
- 2. ¿‘Historizar’ la memoria histórica? Apuntes en torno a un ejercicio comparativo de prueba.
Por el recorrido que hemos hecho hasta ahora, consideramos que cabe hacer una pequeña digresión útil al planteo general del trabajo en lo que atañe a la naturaleza del debate que agrupa la Historia y la Memoria en una dinámica relacional. Dado que hablamos de la formación de una memoria histórica, digamos que, “convulsiva”, en el sentido en que se encuentra cruzada por múltiples escollos, vacíos y complejidades, nuestro esquema de análisis no ha tomado en cuenta el espectro conceptual de uso asiduo en el análisis rutinario de esta relación: lo que queremos decir con ello es que conceptos contiguos al estudio de la relación entre estos dos “campos” del saber social, sea que se aborden desde lo que J. Legoff alegoriza como, “taller de producción” (Historia) y “materia prima” (Memoria)[20], o desde los numerosos estudios donde se tienen en cuenta divisas afines a la historia cultural y la antropología tales como “identidad”, tradición, imaginario, etc, no constituyen el epicentro de las preocupaciones que hemos trazado, básicamente en razón del privilegio que se le ha conferido al problema de “instituir” la memoria histórica con base en un episodio que no cuenta sin embargo con una interpretación historiográfica libre de la polarización rabiosa que caracteriza el ámbito político y en el que inevitablemente debemos localizar incluso a la historiografía como disciplina validada por un orden de exposición, si se quiere, “menos subjetivo” como lo es el de la memoria de grupos sociales sujetos a episodios a menudo, “traumáticos”[21]. De tal suerte que los temas capitales en la formación de un marco comprensivo del papel de la memoria desde campos disciplinares como la “antropología de la memoria” o desde ámbitos disciplinares de debate en que, por decirlo asi, han tenido lugar las antinomias propias de los “giros posmodernos” experimentados por las ciencias sociales, no representan el objetivo que nos hemos propuesto a efectos de plantear interrogantes mayormente orientados a examinar la construcción de la memoria a partir de una prescripción política.
Por tratarse también de un espacio recortado a los anteriores objetivos, continuaremos avanzando en los interrogantes con referencia a un escenario susceptible de extrapolarse al caso colombiano, con todas las sutilezas que se deben tener en cuenta a la hora de valernos de él; se trata del “problema de la historización”, derivado del proyecto “Baviera” que surgió en la década de los 70 en Alemania.
Quedaba entre líneas abierto el planteo de la difícil posición ética y metodológica que encararon los historiadores cuando de narrar y explicar “las relaciones entre Estado y sociedad durante el nazismo” se trataba[22]. Comenzó con una reformulación sobre el carácter “único” del período nazi, por cuanto, como es de conocimiento general, el discurso histórico tenía la obligación de subrayar la condición “límite” de los crímenes que el nazismo –en cabeza de su líder, A. Hitler- perpetró bajo el signo del régimen. El panorama abierto por los académicos que propugnaban un enfoque “normalizador” a través del estudio de la alltagsgeschichte o “historia de la vida cotidiana”, generó un alud de debates que pusieron en el núcleo del problema, el carácter ético-moral que comportaba sustraer de su condición límite e incomparable semejantes crímenes, incluida la Shoah, en la esfera de análisis de la vida cotidiana. En suma, acotamos la descripción del problema de la historización a esta rápida radiografía sin adentrarnos en la anatomía completa del debate, que oponía a su vez un problema de método a fin de “explicar” tanto el ascenso del nazismo como la historia Alemana del siglo XX. El presente trabajo no resiste tal envergadura.
Aun cuando el término “historización” arropa exclusivamente procesos históricos relacionados con el pasado alemán, vale la pena retener uno de los dilemas que en su momento expresara Martín Broszat, con respecto a la normalización de la historia en un contexto como el del nazismo -que por su singularidad revolcaba fibras sensibles a la disciplina en cuestiones éticas, además que epistemológicas-: “la distancia que se tiende entre el historiador y el nazismo constituye un gran obstáculo en el análisis erudito del nazismo”[23]. Amén de los contextos socio-históricos sin duda disímiles, este dilema nos alcanza a servir de lente de aproximación para examinar la distancia que enfrenta la comunidad académica colombiana, en el seno de un “acontecimiento traumático” como punto de inflexión del estudio “erudito” de la historia: consideramos el anterior un interrogante válido al caso aquí estudiado.
Es muy probable que la distancia en términos coyunturales tan marcada para estos dos casos, sirva justamente para probar la validez del problema de la objetividad y la aproximación comprensiva del investigador al fenómeno. El hecho de que el conflicto político colombiano no sea estudiable desde la orilla del post-conflicto, como en el pasado nazi, nos da una pista de cómo opera la distancia (desde lo ético, político, metodológico) entre el historiador del conflicto y el conflicto per se. Ese modo de operación tiene un trasfondo de orden político y en función del mismo podemos medir la distancia en tanto “obstáculo” (al igual de cómo lo plantea Broszat) en el análisis erudito de las causas de la violencia en Colombia, en la década de los 90.
¿Cómo “historizar” la memoria histórica en Colombia? Desde luego, se nos replicará el uso del término, ya que en su locus original fue criticado demoledoramente por el grupo de Saul P. Friedlander[24]. De cualquier forma mantendremos dirigida la lente allí, con el objeto de anunciar “en limpio” sendos problemas que podrían sustraerse a este ejercicio: Un problema acuciante al tema, emerge del examen de la dinámica “pasado-presente” que abarca la memoria del conflicto. Está claro que al profundizar en ella nos encontramos con un territorio donde el fenómeno mismo no guarda una relación orgánica indirecta –como en el caso del nazismo, aun cuando haya “límites a su representación”-, sino mas bien, un movimiento trans-temporal que acumula acontecimientos, cuyas partes se encuentran fracturadas entre si. La duración de la violencia en Colombia, mas los recortes categoriales para explicar su naturaleza en “fases” cambiantes, no muestra una solución de continuidad en el proceso de conocimiento de la “memoria” que deja tras su paso. De ahí que las “políticas de la memoria” que acompañan la historia colombiana se vean atomizadas en diferentes “memorias de la política”; memorias en tanto “relatos” validados por el efecto de la cultura política peculiar del país y responsables de la construcción de política pública que no alcanza a dar cuenta de ese movimiento continuo de la memoria histórica a la memoria colectiva. Este tema amplio espera por su investigación.
Otro de los más importantes problemas que derivan de nuestros planteos, pone al cientista social en el ojo del huracán crítico de los conductos éticos sobre los cuales hace un trabajo de la memoria. ¿De quien es la memoria? ¿Quiénes intervienen en su construcción? ¿Por qué los procesos de reconstrucción de la memoria histórica gravitan en el escenario exclusivo de lo político? Todos estos interrogantes deben ver la relación entre la construcción de la memoria histórica del conflicto y la relación política que guarda la memoria con la justicia.
En conclusión creemos que la arena de análisis que brinda el caso colombiano, no se reduce a considerar la urgencia de hacer memoria para hacer justicia, en el marco de una serie de coyunturas cada vez mas complejas, en cuyo interior dejan de privilegiarse los campos de investigación histórica que comprenden problemas de carácter económico y social a nivel estructural –o sea, mucho mas allá de los tópicos inherentes a la historia cultural-, muy pertinentes para entender la construcción de la “Memoria” a partir de una dialéctica de recuerdos amplios de grupos sociales victimizados, además que marginados de nuestra historia.
- 3. “Memorias en tiempo de guerra”. La academia como facilitadora de la memoria histórica.
Veamos ahora en este último tramo de nuestro trabajo, el desarrollo que viene tomando forma, respecto a la ‘institución’ social del deber de memoria, por medio de lo que pudiéramos llamar “emprendimiento oficial de la memoria”. Como quiera que un análisis exhaustivo demandaría cuidadosas reflexiones alrededor de mas de una docena de informes presentados a la opinión pública por parte del grupo de Memoria Histórica de la CNRR, vamos a revalidar nuestra intención de decantarnos por dos producciones que se caracterizan por tratar problemas teóricos, merced a la especificidad que comporta el ámbito formativo de la memoria social en Colombia. Estos objetivos respondían a la prescripción de ley, en la que puede leerse una de las funciones centrales del grupo; será de perentoria prioridad la preparación y publicación de informes generales, dos años después de iniciados los procesos de desmovilización, desarme y reparación, que permitan ir vislumbrando una “arqueología de la violencia de la década de los 90”. Con todo, el conjunto de recomendaciones bajo la égida de la CNRR radicaría en:
“implementar programas institucionales de reparación colectiva que comprendieran las acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del estado social de derecho particularmente en las zonas afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia”[25].
Grosso modo, este abanico de objetivos que tenía la comisión como derrotero pragmático del emprendimiento recomendado, con miras a fraguar una interpretación general, basada en resultados empíricos que arrojaban cada uno de los contextos que se exploraron, tenía en su haber la misión de sugerir a los estamentos judiciales creados por la ley, alternativas de reparación integral que se buscaban, en función de hacer justicia en aquellas regiones donde, si se quiere, la presencia estatal veía amenazado el monopolio de la fuerza que garantizaba el orden público. Fue así como desde un principio se organizaron equipos auxiliares de investigación que acopiaron la mayor cantidad de información acerca de las masacres ocurridas durante los 90, bajo el propósito, tanto de reconstruir un relato comprensivo del contexto, social, político y económico de base a los episodios violentos, como la recopilación documental que llevara a cumplimentar otro de los objetivos consistente en la conservación de archivos afines. El resultado de estas tareas llevó a la publicación de importantes informes desde 2008 hasta la actualidad, sin aún haber concluido este enorme trabajo[26].
Como hemos advertido, un examen crítico de estos informes demandaría la elaboración de un trabajo más ambicioso que el que nos hemos propuesto, empero, también nos sugiere algunas reflexiones:
Los informes según su estructura expositiva, cuentan con prólogos que evalúan, desde el punto de vista teórico, la pertinencia de la escritura de la memoria histórica convalidada por los procedimientos científicos que aplican las ciencias sociales cuando se proponen presentar una serie de hipótesis que respondan a problemas concretos del proceso histórico que se está queriendo comprender. Salta a la vista que la metodología de la investigación rezuma en buena forma el conjunto de procedimientos aplicados por el grupo, en aras de incluir en sus informes la exposición de un relato historiográfico correlativo a las estructuras sociales, económicas y políticas, en cuya realidad fue madurando esta “fase” de la violencia protagonizada por la emergencia del paramilitarismo como estructura fuerte y descentrada, a diferencia de la idea que los académicos habían consensuado a la hora de analizar la estructura militar de la guerrilla, mas próxima a la idea de aparato central que coordina desde un “secretariado”, las tácticas y estrategias de guerra[27]. Esa aparente “anarquía” organizativa del paramilitarismo constituyó una senda óptima en la investigación del grupo y generó en consecuencia varios informes que no solo abordaban el problema de la memoria histórica, sino que también –o apoyados en éste-, penetraban en la búsqueda estructural vía los mecanismos de escritura historiográfica formales, de las causas y efectos del conflicto armado en las regiones donde se manifestaba mas visiblemente el fenómeno.
El texto “Memorias en tiempo de guerra” combina el acopio de acciones de memoria y la elucubración teórica de referencia, con miras a comprender los resortes internos a nivel estructural de la escalada de violencia que llevó a la necesidad institucional de implementar una “Ley de Justicia” sobre la base de un horizonte encaminado a la consecución de la Paz en el país. Se presentó como un ejercicio similar al “banco de buenas prácticas” del PNUD de las Naciones Unidas, toda vez que se intentaba recoger en un trabajo de reflexión teórico-metodológico, las prácticas sociales volcadas sobre la recolección de las memorias del conflicto, a través de repertorios, artefactos, y vehículos de memoria que convergían en una constelación de iniciativas, llevadas a cabo por, “comunidades, organizaciones sociales, iglesias, entidades estatales y la comunidad internacional, para acompañar a las víctimas, y desincentivar a los jóvenes de vincularse a la guerra”[28]. La recolección de iniciativas tuvo un tamiz obligado de selección de aquellas que se adaptaban a las categorías definidas durante la investigación, con lo cual, superponía el aparato categorial al objetivo al que obedecía este banco de iniciativas. A pesar del esfuerzo del grupo por reunir en un mismo continuo, el debate político que involucraba el tema de la memoria como medio para interrogar a la justicia, y las estructuras socio-históricas sobre las que se está emplazado el problema, el método por medio del cual se hacía exhibición de las iniciativas (que según la estructura del texto iban de los estudios de género a la atención a los aspectos étnicos, las “contramemorias” foucaultianas de resistencia frente a la impunidad y las modalidades de acción contra el olvido de los desaparecidos) descuidaba el hecho de que todo recorte metodológico pensado para obtener un(os) dato(s) sobre el conflicto, requería de entrada la operación selectiva atinente a resguardar los objetivos que imponía la Comisión al grupo, sobre ciertas ‘prioridades’ en el proceso. De ahí que nos parezca oportuno destacar que el anexo teórico y metodológico del texto se pensara como un acervo de dinámicas que facilitaran este recorte categorial. La idea de probar los contenidos de la teoría por medio de las prácticas o repertorios de iniciativas de las comunidades victimizadas, invertían el orden metodológico, ya que toda formulación teórica, se aconseja, sea estructurada con base en un análisis profundo de los datos empíricos que refuerzan el esquema teórico utilizado, en función de esclarecer un problema de la trascendencia del que venimos analizando.
Los talleres ejecutados por facilitadores, preparados a su vez por el grupo, calcan un esquema de apareamiento entre las iniciativas de memoria y la teoría elaborada, amén de las recomendaciones promulgadas por la CNRR. Ese conducto de transmisión, creemos que impacta negativamente en cualquier trabajo de reconstrucción de la memoria, habida cuenta de un hecho adicional que “fractura” el emprendimiento académico en su conjunto. Para decirlo concisamente, losinformes detallados de las masacres, a cuyo corpus evidencial se incorpora un análisis estructural de la memoria social del conflicto –desde la economía a la política del mismo-, no parecen guardar continuidad con los textos propuestos como herramientas teórico metodológicas. El argumento puede simplificarse de la siguiente manera: Por un lado se aplican, para la narración que elabora el grupo, dos aproximaciones escindidas entre si, que ponen los informes sobre las masacres en el lugar de un marco interpretativo característico de las reglas metodológicas propias de la historiografía, y por otro lado, el recetario teórico junto a sus anexos, en el lugar de un marco teórico puro que debate con prelación las “memorias de la política” en las que las víctimas no dejan de ser, en todo caso, actores pasivos y sujetos a la materialización de la justicia y la acción reparadora (en términos globales) vertida por la ley y no por la movilización de las organizaciones que señala el texto como “agentes del repertorio de iniciativas”; a su vez, notamos cómo la construcción de la memoria histórica que pretende el grupo condensar a merced de un “camino” hecho de formulaciones conceptuales, toma en cuenta el carácter meramente político que implica dicha reconstrucción, casi en la misma sintonía crítica en que A. Confino pone en entredicho aspectos de la obra de H. Rousso, sobre “el síndrome de Vichy”[29]. Permítasenos extrapolar una metáfora que trae a colación el autor de este artículo y que funciona como llamado de atención al caso que ocupa al equipo de memoria histórica colombiano. Confino cuestiona el uso del material empírico de que se vale Rousso para hacer eclosionar la “transmisión” de la memoria a partir de tres “vehículos” de aquel “síndrome”: un filme, unos resultados electorales, y los records de venta de libros relativos al tema. El error para Confino radica en que Rousso interpreta la evidencia empírica de manera ingenua, puesto que solo ve la evidencia visible, atendiendo al problema de la construcción de la memoria “desde arriba”, o sea, desde el lugar en que ésta misma se atavía con el ropaje de los intereses políticos de los “estadistas”. La metáfora muestra cómo en ocasiones, la investigación histórica elabora sus problemas de la misma forma en que un señor cualquiera que perdiera una moneda y sin saber donde la perdió, dedujera buscarla debajo de un faro solamente porque allí hay mas luz[30]. Si vemos bajo este prisma crítico, la construcción de la memoria histórica que se ha derivado de la Ley de Justicia y Paz, podemos notar en ocasiones que la prelación de la memoria política del conflicto, que cobra prioridad ostensible en la coyuntura en que se dio, olvida casi siempre esos rincones invisibles de la historia cultural, económica y social, que ni siquiera pueden revelarse tan solo a través del uso de iniciativas venidas de grupos extra-institucionales, porque también aquí sucumbimos a recortar el universo constitutivo de la memoria colectiva que llevara a buen puerto un ejercicio de reparación.
- 4. Conclusión
Será necesario advertir que nuestras conclusiones estarán planteadas ‘en perspectiva’ y no como resumen del texto. No incluiremos bibliografía en el trabajo, ya que creemos que el aparato de erudición conformado por las notas de pie de página, comprende los libros en que nos basamos para presentar todos estos interrogantes.
Quisimos concentrarnos en tres problemas esenciales al desarrollo de una construcción como la de la memoria histórica del conflicto y para ello abordamos, unas veces de manera frontal y otras de modo tangencial, los problemas que reproduce dicha construcción bajo el concurso de una normativa jurídica. Estos problemas quedaron consignados en el cuerpo del trabajo y han sido subrayados a través de énfasis en el tipo de letra. Por tanto, bástenos simplemente dedicar una conclusión al escenario actual del organismo que está hoy por hoy encargado de seguir con la misión de la ley en lo que toca a la conservación de archivos y deber de memoria, es decir, el Centro de Memoria Histórica (CMH).
Simultáneamente al comienzo de nuevos intentos de diálogos de paz con las FARC, que al día de hoy reúnen a los comisionados en La Habana, la noticia de la autonomización del CMH para seguir en sus informes, en convenio con la institución universitaria mas prestigiosa del país, nos permiten pensar este escenario como una coyuntura bastante oportuna para revisar lo andado hasta ahora en materia de elucubración académica y acercamiento político en función de la paz. La mas que deseada alianza entre la academia y la sociedad civil que permita “poner faros de luz” allí donde la oscuridad absoluta oculta el epicentro del problema del conflicto, constituye en el presente, un horizonte de posibilidad que haría de los dictámenes estatales encaminados a defender el estado social de derecho y el derecho a la memoria de grupos afectados, un sendero que no solo desembocará en favor de la justicia, desde una impecable mirada ética de la función académica en esta empresa, sino que también nos permitirá abrazar la comprensión histórica de los acontecimientos que nunca más deberían volver a suceder.
Diego Fernando Ortiz Vallejo
Notas:
[1] Esta delimitación conceptual que liga a la historia y la memoria desde la óptica de disciplina y objeto, se puede seguir a través de los diferentes análisis al respecto que ocuparon la reflexión intelectual de Maurice Halbwachs, Marc Bloch, Jacques Le goff, entre muchos académicos que intentaron un trazo relacional referente al asunto. Véase: Maurice Halbwachs. “La memoria colectiva y el tiempo” en: http://www.uned.es/ca-bergara/ppropias/vhuici/mc.htm , March Bloch. “la sociedad feudal”. Madrid, Akal, Cap III. Para un abordaje bastante profundo y pertinente al tema, véase Paul Ricoeur. La memoria, la historia, el olvido. 2da Edición, Buenos aires, FCE, 2008. especialmente, Partes I y II. Pp 163-360.
[2] Aun cuando existe una bibliografía enorme alrededor de este problema, nos hemos permitido recortar las fuentes estrictamente al análisis del debate desarrollado por Ian Kershaw. La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de investigación. Buenos Aires, Siglo XXI , 2004. Pp 15-38. Sin que su tratamiento en torno a tres ámbitos de la reflexión se contraponga al nuestro, compartimos el propósito común de ir desbrozando cada uno de los puntos controversiales que aborda el autor en lo referente a un primer ámbito, filosófico, uno de carácter político y uno último de carácter moral. El caso colombiano no conoce experiencias de este tipo en el marco del quehacer académico, por lo cual nos parece perentorio sugerir el caso de esta “disputa” que a todas luces muestra ejemplos definitivos en cuanto al papel público del oficio académico que huelga pensarse acerca del conflicto en Colombia. Sobre el debate en sí, véase: “Special issue on the Historikerstreit”, en New German Critique, Nº 44, primavera-verano 1988, pp. 3-126.
[3] Con la expedición del artículo 146 de la ley 1448 de 2011, este grupo inserto como dependencia de la CNRR, pasa a llamarse “Centro de Memoria Histórica” (CMH) y se incluye como entidad adscrita al Departamento para la Prosperidad Social (DPS) como el órgano de la nueva administración de Juan Manuel Santos que remplaza las funciones de la extinta CNRR.
[4] Según el artículo de la Ley se entiende por alternatividad a un, “beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”. “Ley de Justicia y Paz” 975 de 2005. Junio 25 de 2005, art. 3 “sobre alternatividad”.
[5] El contexto histórico que llevó al desmadre de los diálogos de paz y a la emergencia del “plan Colombia” tiene, con mucho, una bibliografía bastante aparatosa para incluirla en una nota de pie. No obstante un resumen amplio del alcance global del plan se puede leer en Jairo Estrada (ed). Plan Colombia. Ensayos Críticos. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2001. 480 pp.
[6] Respecto a la historia de dicha “polarización” véase: Carlos Mario Perea. Cultura política y violencia en Colombia. “Porque la sangre es espíritu”. Medellín, La Carreta, 2009, 172 pp. En un espectro historiográfico mas amplio puede consultarse: Helen Delpar. Rojos contra azules. El partido liberal en la política colombiana. Bogotá, Tercer Mundo, 1994. 550 pp. A propósito de análisis interdisciplinarios sobre la violencia véase, Gonzalo Sánchez, Ricardo Peñaranda (comps). El pasado y presente de la violencia en Colombia. Medellín, La Carreta, 2007. 430 pp.
[7] Elizabeth Jelin. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. 2002.
[8] E. Jelin. Los trabajos.., p. 14.
[9] Un punto de vista crítico a esta mirada puede encontrarse en Alon Confino. “Cultural Memory and Cultural History. Problems of method”. The American Historical Review, Vol 102, No 5 (dic, 1997) pp. 1386 -1403. Mas adelante discutiremos el problema de la Mirada esencialista de la memoria desde lo político.
[10] Una comprensión profunda y cuidadosa de la distinción aristotélica que traemos a colación se puede leer en el libro ya cita de de P. Ricoeur. La historia.., Especialmente el primer capítulo de la parte I. A efectos de conocer ejemplos al respecto, véase también: James Murphy. “The metarhetoric of Aristotle , with some examples from his “On memory and recollection”. Rhetoric Review, Vol 21, No3 (2002) pp. 213-228.
[11] Cf, Ricoeur, La historia.., pp. 41-47. En el tema del olvido cabe incluir, Y, Yerushalmi. Reflexiones sobre del olvido. En, Yerushalmi (comp) Usos del olvido. Buenos Aires, Nueva Visión, 1998. pp. 13-26.
[12] Michel de Certeau. La escritura de la historia. Universidad Iberoamericana, 1993. Cap I. pp. 12-34.
[13] Esta situación puede leerse de varias formas, en el sentido en que el articulado de ley abarca todos los grupos armados ilegales, pero se entiende de suyo que habiéndose promulgado como programa bandera del gobierno de Álvaro Uribe, la ley en cuestión estaba orientada a la desmovilización de paramilitares. Véase un análisis exhaustivo del proceso que empezó con los “diálogos de Ralito”, con miembros paramilitares, en el texto de Gustavo Duncan. Los señores de la guerra. Bogotá, Planeta, 2006. 372.
[14] E. Jelin, Los trabajos.., pp. 14-18
[15] Marita Sturkin. Tangled memories: The Vietnam war, the Aids epidemic, and the politics of remembering. Berkeley. University of California Press, pp. 45-46. 375 págs.
[16] Yosef Yerushalmi. Zajor. La historia judía y la memoria judía. Barcelona, Anthropos, 2002. 153 págs.
[17] Amerita considerarse el texto de E. Hobsbawm y T. Ranger orientado a evidenciar esta relación a través de la “invención” de tradiciones ligadas a la preservación del poder que se coloca en la misma sintonía de las tesis de P. Nora, en las que se advierte la escisión histórica entre la historia y la memoria con ocasión de las invenciones nacionales en la modernidad. Véase E. Hobsbawm, T. Ranger. La invención de la tradición. Barcelona, Crítica, 3 ed. 2012 , B. Anderson. Comunidades imaginadas. FCE, México, 1991. y el ya ampliamente reconocido trabajo en tres volúmenes de Pierre Nora. “Les lieux de memoire”. París, Gallimard, 1982.
[18] J. Olick, J. Robbins. “Social memory studies: from “collective memory to the historical sociology of mnemonic practices. Annual Review of Sociology, vol 24 (1998), pp 105-140. P. 120. Sobre el concepto de “memorias subterráneas”, M. Pollak. Memoria, Olvido, Silencio. La Plata, Ediciones Al Margen, 2005.
[19] Cf, M. Halbwachs. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona, Anthropos, 1990. 405 págs.
[20] J. Legoff. History and Memory. Columbia, Columbia University Press, 1996. 288 págs. p 35.
[21] El problema del “trauma social” que ha sido acogido en el campo académico como una divisa independiente de análisis y con credenciales sobradas en el uso de categorías psicoanalíticas pensadas para tratar problemas de “elaboración” de duelo frente a acontecimientos límite, nos cuesta trabajo volcarlos al escenario colombiano, por lo cual, a pesar de no intentar una crítica aquí, queremos dejar consignadas nuestras reservas a dicho uso teórico. Quizá los textos mas referenciados de este tema sean los de Dominick Lacapra. Historia y memoria después de Auschwitz. Buenos Aires, Prometeo, 2009. 204 pp. Y D. Lacapra. Representar el holocausto. Historia, teoría, trauma. Buenos Aires, Prometeo, 2008. 238 pp.
[22] Ian Kershaw. La dictadura.., p. 288.
[23] Kershaw. La dictadura.., p. 290.
[24] Vease, Saul P. Friedlander (comp). En torno a los límites de la representación. El nazismo y la solución final, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes.
[25] “Ley 975 de 2005.., art 49.
[26] Nos resulta sumamente importante constatar que como producto de acuerdos interinstitucionales, el actual CMH, se ha podido desembarazar de su relación estrictamente estatal como entidad dependiente aunque autónoma del DPS; en el mes de noviembre se firmó un convenio que habilita al Centro a realizar sus investigaciones en alianza con la Universidad Nacional de Colombia. Esta clavísima acción de separación del trabajo público de investigación de CMH tiene, como es lógico, en nuestra exposición un significado tan crucial que dedicaremos unas palabras al asunto, en la conclusión de nuestro trabajo.
[27] Dos textos que ilustran estos cambios en la geoestrategia de los grupos armados son: Mauricio Romero. Paramilitares y autodefensas. 1982-2003. Bogotá, UN, Planeta, 2003. 295 pp, y Mario Aguilera. Las FARC: La guerrilla campesina, 1949-2010. Nuevo Arco Iris, ASDI, 2010. 201 pp.
[28] CNRR. Memorias en tiempo de guerra. Repertorio de iniciativas. CNRR-Grupo de Memoria Histórica. Bogotá, CNRR, 2009. p. 16.
[29] Cf, Alon Confino, “Collective memory…”, pp. 1393-1395.
[30] Confino, “Collective…”, p. 1398.
Investigaciones sobre la Memoria Social en Argentina 